El sector vitivinícola podrá pagar los aportes patronales cuando venda el vino

30/12/11
Fuente: Diario Los Andes | Miguel Ángel Flores.

int-432647[1]Lo fija el Convenio de Corresponsabilidad Gremial firmado ayer. Se podrán cancelar en 5 cuotas, desde agosto, con una tarifa única según producción y valor del tacho de uva. Quieren duplicar los cosechadores registrados.

Aunque venía discutiéndose hace más de un año, la firma del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la vitivinicultura que se concretó ayer suena a compensación luego de encenderse la polémica por la suba de Ingresos Brutos.

Es que el acuerdo que refrendaron el sindicato, las entidades gremiales empresarias y el Gobierno promete facilidades en cuanto a las obligaciones patronales de las empresas, que ya no tendrán que depositarlas mensualmente sino a partir de agosto y hasta en 5 cuotas, cuando hayan empezado a comercializar el vino.

Pero el convenio, de renovación anual, establece otras ventajas. Para incentivar el empleo registrado, y en especial para la vendimia, desde ahora se puede contratar trabajadores a cambio de una quita del 50% de los aportes correspondientes al primer año, y del 25% durante el segundo.

Además, las cargas dejarán de efectivizarse mes a mes para condensarse en una sola tarifa sustitutiva, cuyo cálculo surge de quintales cosechados y precio del tacho de uva.
El beneficio de pagar menos para el contratante no afecta el sueldo ni otros beneficios del trabajador. Por el contrario, se le asegura cobertura de ART, asignaciones familiares, jubilación y obra social.

Según se informó, el nuevo marco laboral alcanza a 16 mil productores que explotan 154 mil hectáreas de viñedos en Mendoza, la primer provincia vitivinícola en adherir al régimen. En cuanto a la generación de trabajo formal, estimaciones oficiales proyectan que los 22 mil cosechadores en blanco de la última campaña se duplicarán en el ciclo 2012.

La figura de la tarifa sustitutiva de los aportes mensuales tiene un antecedente poco exitoso que dejó de aplicarse a mediados de los ‘90 por la falta de control. Por eso, ésta vez actuará una Comisión público-privada encargada de monitorear su cumplimiento.

Disidencias antes del acuerdo

Aunque los representantes de los distintos sectores involucrados (Foeva, la obra social de la actividad, Ospav, Bodegas de Argentina, UVA, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de Cooperativas, Cámara de Comercio de San Rafael y Asociación de Viñateros) finalmente sonrieron para la foto, la firma estuvo a punto de no concretarse por algunos cambios de última hora que disgustaron a los viñateros.

“Más allá de las dificultades por la participación de múltiples actores, es un hecho trascendente para mejorar la calidad del empleo y garantizar mejores condiciones a los trabajadores de la cosecha”, admitiría luego el Secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe.

Sucede que el texto original contemplaba dos puntos que luego se volvieron ríspidos: por un lado, el compromiso de un aporte del 1% a las entidades representativas de los productores para financiar gastos de capacitación y difusión que en el escrito final se había eliminado; y por otro, quién se haría cargo del costo de la cobertura de las ART hasta la fecha de pago de los aportes, alrededor de $ 12 millones que finalmente asumirá la Provincia.

Para quienes estuvieron en la discusión, una condición para avanzar fue la renegociación de la deuda de $ 560 millones que Mendoza mantiene con la Nación.

Por eso, el gobernador Francisco Pérez reconoció que no fue fácil. “Estuvimos hasta último momento discutiendo, pero se logró el primer convenio de éste tipo para Mendoza. Hay que valorar la grandeza de las entidades que cedieron para llegar a un acuerdo”.

En ese sentido, Juan Mangione, de la Asociación de Viñateros, remarcó la necesidad de insistir en el aporte al sector que la Nación quitó “porque se necesita para pagar la capacitación que establece el convenio”.

Por su parte, Mauro Sosa, del Centro de Bodegueros del Este, y Angel Vespa, de Bodegas de Argentina, coincidieron en que el acuerdo es “perfectible”, y que la vitivinicultura es “la actividad más controlada, y la más transparente”.

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